El gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenó el jueves a una agencia de las Naciones Unidas que defiende los derechos humanos abandonar Venezuela, lo que representa un movimiento extraordinario que despojará aún más al país de supervisión extranjera en un momento en que su gobierno ha sido acusado de intensificar la represión.
El anuncio, realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, llega días después de la detención y desaparición temporal de Rocío San Miguel, una destacada experta en seguridad y defensora de los derechos humanos.
Después de su detención, varias entidades de las Naciones Unidas emitieron declaraciones en línea expresando preocupación por el arresto, algunos calificándolo como parte de un patrón en el que el gobierno intenta silenciar a los críticos a través de la intimidación.
El Sr. Gil dijo que le estaba dando al personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 72 horas para “abandonar” el país.
Phil Gunson, un experto en Venezuela con sede en Caracas para International Crisis Group, dijo que la expulsión de la agencia de derechos humanos, combinada con el arresto de la Sra. San Miguel, “marca un endurecimiento drástico” por parte del gobierno de Maduro de sus acciones contra opositores políticos y críticos.