Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha rechazado reiteradamente cualquier jurisdicción por parte del organismo sobre funcionarios o ciudadanos estadounidenses. La orden dice que las recientes acciones de la CPI “establecen un peligroso precedente” que pone en peligro a los estadounidenses al exponerlos a “acosos, abusos y posibles arrestos”. “Esta conducta maligna amenaza a su vez con infringir en la soberanía de los Estados Unidos y socavar el trabajo crítico de seguridad nacional y política exterior del gobierno de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”, dice la orden. La Casa Blanca acusa a la CPI con sede en La Haya de crear una “vergonzosa equivalencia moral” entre Hamas e Israel al emitir órdenes de arresto para los líderes israelíes y un comandante de Hamas al mismo tiempo, según una hoja informativa circulada por la Casa Blanca anteriormente. La Casa Blanca cree que la CPI está poniendo trabas al derecho de autodefensa de Israel, mientras acusa al organismo de ignorar a Irán y a grupos antiisraelíes. Trump ha criticado repetidamente a la CPI y tomó varias medidas para sancionar al organismo durante su primer mandato en el cargo. En ese momento, también impuso sanciones a funcionarios de la CPI que estaban investigando si las fuerzas estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán. La orden permitió a Estados Unidos bloquear los activos de los empleados de la CPI y evitar que ingresen a Estados Unidos. En respuesta, la CPI dijo que las sanciones eran un “intento inaceptable de interferir con el estado de derecho”. Fundada en 2002 – en el contexto de la disolución de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda – la CPI se creó para investigar presuntas atrocidades. El tribunal solo puede ocuparse de crímenes cometidos después de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma, que formó la CPI. Más de 120 países han ratificado el estatuto, mientras que otros 34 lo han firmado y pueden ratificarlo en el futuro. Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma. La orden establece que “ambas naciones son democracias prósperas con fuerzas armadas que cumplen estrictamente con las leyes de la guerra”. La CPI es un tribunal de último recurso y está destinado a intervenir solo cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren procesar.
