BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Los jueces que supervisan un juicio de derechos humanos de alto perfil en Argentina condenaron a 11 exfuncionarios por crímenes de lesa humanidad el martes, en el primer caso que se centra en la práctica pasada de la dictadura militar de cometer violencia sexual contra mujeres transgénero.
El juicio en el tribunal de La Plata, un suburbio al sur de la capital, duró casi cuatro años y aportó nuevos detalles e información a atrocidades previamente documentadas, profundizando la comprensión de la historia traumática del país. Demandantes transgénero declararon por primera vez en una serie de audiencias estremecedoras que pusieron en foco tanto el sufrimiento de la comunidad transgénero como la táctica generalizada de violencia sexual bajo la dictadura de derecha que gobernó Argentina de 1976 a 1983.
Grupos de derechos humanos estiman que 30.000 personas sospechosas de oponerse al gobierno militar fueron secuestradas, torturadas sistemáticamente en centros de detención clandestinos y “desaparecidas” durante ese tiempo.
En el esperado veredicto, 10 acusados fueron condenados a cadena perpetua y uno a 25 años de prisión por su participación en un esquema de represión violenta que incluyó asesinatos, torturas, violencia sexual y el secuestro de hijos nacidos en cautiverio, entre otros presuntos crímenes ocurridos en cuatro centros de detención clandestinos en la provincia de Buenos Aires. Los jueces absolvieron a un exfuncionario.
“Lo que diferencia a este juicio es que por primera vez en Argentina y en el mundo, se condenan crímenes de lesa humanidad cometidos contra mujeres trans en el contexto del terrorismo de Estado”, dijo la fiscal Ana Oberlín a The Associated Press. “Fue un buen veredicto, estamos más que satisfechos.”
La dictadura militar promovió valores católicos tradicionales y veía a los argentinos LGBTQ como subversivos en la sociedad heterosexual. Incluso ser abiertamente gay podía llevar a la cárcel.
El juicio del martes involucró a 600 víctimas y testimonios de cientos de testigos que sacaron a la luz relatos de abusos sexuales dirigidos específicamente a mujeres transgénero, así como casos de soldados que robaban bebés de sus madres detenidas antes de entregarlos en adopción a miembros de la dictadura y sus leales. Un exmédico policial que supervisó los nacimientos de mujeres en cautiverio fue uno de los condenados a cadena perpetua.
Cientos de hombres y mujeres en Argentina han crecido con identidades falsas, ignorantes de sus verdaderos orígenes como hijos de los “desaparecidos.”
Ocho de los demandantes relataron haber sido violados y torturados en uno de los centros de detención clandestinos más grandes de Argentina conocido como el Pozo de Banfield.
Los gritos de “¡Genocidas, genocidas!” estallaron en la sala de audiencias repleta de sobrevivientes y familiares de víctimas. Después de leerse el veredicto, lloraron y se abrazaron. Muchos sostenían retratos de sus seres queridos desaparecidos y carteles con el lema: “Son 30.000” y “Fue un genocidio.”
El veredicto llega cuando el presidente de extrema derecha Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, han desafiado el reconocimiento legal de los abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, un esfuerzo que fue defendido por sus predecesores de izquierda. Organizaciones de derechos humanos argentinas han expresado especial preocupación por los lazos familiares de Villarruel con el ejército y su activismo a favor de las víctimas de crímenes cometidos por guerrilleros de izquierda a principios de la década de 1970. Las víctimas de la dictadura ven esa defensa como justificación implícita de la represión estatal que siguió.
Villarruel y Milei han puesto en duda públicamente la cifra de 30.000 desaparecidos, señalando a una comisión independiente que solo pudo identificar a 8.960.
La mayoría de los acusados en el juicio del martes ya han sido condenados en otros casos y trasladados al arresto domiciliario debido a su edad y salud deteriorada. Sintonizaron la audiencia por videollamada. El tribunal ordenó que los acusados en arresto domiciliario se sometan a nuevos exámenes médicos para determinar si podrían volver a prisión.
Desde que el gobierno argentino derogó en 2004 las leyes de amnistía que protegían a los exmilitares, los tribunales del país han dictado 321 sentencias por crímenes de lesa humanidad y han condenado a 1.176 personas. El esfuerzo emblemático por responsabilizar a los líderes militares por abusos pasados continúa, con más de una docena de juicios aún en marcha en el país.
Los activistas celebraron el veredicto del martes como un paso adelante muy esperado para el movimiento de derechos transgénero de Argentina, que cobró impulso sin precedentes bajo el ex presidente Alberto Fernández, socialmente liberal.
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Los redactores de Associated Press Isabel Debre y Victor Caivano en Buenos Aires, Argentina, contribuyeron a este informe