CARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno de Venezuela dijo el sábado que Brasil ya no puede representar los intereses diplomáticos de Argentina en el país, poniendo en riesgo a varios oponentes anti-gobierno que han estado refugiados durante meses en la residencia del embajador argentino buscando asilo.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo en un comunicado que había notificado a Brasil de su decisión, la cual entrará en vigor inmediatamente. Dijo que se vio obligado a tomar medidas basadas en lo que llamó evidencia —que no ha compartido— de que quienes buscaron refugio en la misión diplomática argentina estaban conspirando para llevar a cabo actos “terroristas”, incluido el asesinato del presidente Nicolás Maduro y su vicepresidente.
Magalli Meda, ex jefa de campaña de la líder opositora María Corina Machado, fue una de media docena de opositores del gobierno que huyeron a la residencia del embajador argentino después de que la fiscal general de Maduro en marzo emitiera una orden de arresto en su contra por presuntamente propagar violencia política desestabilizadora.
En represalia, Maduro rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de derecha del presidente argentino Javier Milei, el cual eligió a Brasil para representar sus intereses y proteger a los solicitantes de asilo.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, en un comunicado, dijo estar “sorprendido” por la decisión de Venezuela. Según la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas, Argentina ahora debe nombrar a un custodio sustituto aceptable para el gobierno de Venezuela, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, Brasil seguirá siendo responsable de la misión diplomática, cuya integridad física no puede ser violada, dijo el comunicado.
Desde el viernes, vehículos blindados de la policía política SEBIN han estado estacionados afuera de la residencia del embajador argentino en un barrio arbolado de Caracas. La electricidad en la misión diplomática también fue cortada, según Meda, quien ha recurrido a las redes sociales para denunciar lo que teme sea un próximo allanamiento para arrestarla a ella y a los otros opositores del gobierno.
El presidente de Argentina ha sido uno de los principales detractores de Maduro por presuntos intentos de robar las elecciones presidenciales de julio. Las autoridades electorales declararon a Maduro como el ganador a pesar de la fuerte evidencia recopilada por la oposición en las urnas de que prevaleció por un margen de más de 2 a 1.
El sábado, el gobierno de Milei criticó la “acción unilateral” de Venezuela. También expresó gratitud por la continua representación de sus intereses por parte de Brasil, indicando que no tenía prisa por encontrar un reemplazo.
En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores dijo que cualquier intento de allanar su residencia diplomática y “secuestrar” a sus asilados sería condenado por la comunidad internacional.
“Acciones como estas refuerzan la convicción de que en la Venezuela de Maduro no se respetan los derechos fundamentales de los seres humanos”, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores.
Brasil también se ha negado a reconocer a Maduro como el vencedor, exigiendo en cambio que las autoridades publiquen un desglose de los resultados, como es costumbre en las elecciones venezolanas.
Pero a diferencia de Milei, un idólogo conservador estridente, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha tratado con tacto de evitar antagonizar a Maduro para dar espacio a un esfuerzo de reconciliación regional liderado por él y otros líderes de izquierda de Colombia y México.
Ese esfuerzo diplomático hasta ahora ha dado pocos resultados, lo que ha llevado a los observadores a cuestionar su utilidad. Mientras tanto, la policía ha arrestado a más de 2,400 personas en una brutal represión de protestas y disidencia.
La semana pasada, Human Rights Watch emitió un informe que vincula a las fuerzas de seguridad y a grupos armados progubernamentales con el asesinato de varios de los 23 manifestantes que murieron durante las protestas. El informe se basó en análisis forenses de videos compartidos en redes sociales, así como en entrevistas con testigos.
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El escritor de Associated Press Joshua Goodman contribuyó a este informe desde Miami.