Archivo – El encarcelado ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, fotografiado a través de una ventana de cristal, asiste a su juicio en una base policial en las afueras de Lima, Perú, el 28 de junio de 2016. El ex presidente Fujimori, que fue indultado en diciembre de sus condenas por corrupción y responsabilidad en el asesinato de 25 personas, planea postularse para la presidencia de Perú por cuarta vez en 2026, según dijo su hija mayor el domingo 14 de julio de 2024. (AP Foto/Martin Mejia, Archivo)
LIMA, Perú (AP) — El gobierno de Perú promulgó el viernes una ley que impide el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, una decisión que favorece al ex presidente Alberto Fujimori, así como a cientos de militares investigados o procesados por masacres y asesinatos durante el conflicto armado interno del país (1980-2000).
La ley, que no contó con comentarios de la Presidente Dina Boluarte, fue promulgada, a pesar de una orden de julio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la máxima corte regional en este asunto, que indicó a Boluarte, al Congreso y al Poder Judicial que deberían anular lo que entonces seguía siendo un proyecto de ley, porque contravenía el derecho internacional.
Las Naciones Unidas denunciaron el viernes la promulgación de la ley.
La nueva ley de Perú “contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un desarrollo preocupante, en medio de una reacción generalizada contra los derechos humanos y el Estado de derecho en Perú”, dijo Volker Türk, jefe de derechos humanos de la ONU, en un comunicado.
Según una estimación de la fiscalía peruana publicada en junio, la legislación tendrá un impacto directo en 550 víctimas y 600 casos, incluidas investigaciones y procesos judiciales que serán archivados o desestimados por la prescripción.
De acuerdo con expertos, la ley beneficiará especialmente a Fujimori, quien gobernó Perú de 1990 a 2000 y fue condenado en 2009 por abusos de derechos humanos, en un juicio actual en el que los fiscales buscan condenarlo a 25 años por el asesinato de seis campesinos en 1992.
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