El régimen de Nicolás Maduro está a punto de aprobar una nueva ley que proporcionaría a sus fuerzas de seguridad más herramientas para sofocar la disensión dentro de Venezuela al convertir las protestas en un acto criminal que podría ser castigado con una fuerte condena de prisión.
El proyecto de ley, conocido en Venezuela como la ley contra el fascismo, podría ser utilizado contra cualquier persona que exprese insatisfacción con la situación en el país, miembros de la oposición que pidan reformas electorales o simplemente ciudadanos comunes que protestan contra los frecuentes cortes de electricidad.
“Podemos definir la ley antifascista como una ley contra las protestas”, dijo Carlos Julio Rojas, un activista conocido por su defensa de los ciudadanos del sector norte de Caracas. “No podemos definirla como una iniciativa diseñada para castigar a la oposición, porque también busca castigar a todos aquellos que, habiendo sido parte del movimiento [Maduro], ahora están dispuestos a decir en voz alta que están insatisfechos”.
El alcance del proyecto de ley va desde aquellos que desean publicar mensajes políticos contra Maduro en las redes sociales hasta aquellos que simplemente se quejan de que la comida proporcionada por el programa social del régimen está podrida. Con este proyecto de ley, “Cualquiera que alce la voz y se queje de él ahora puede ser considerado un fascista”, dijo Rojas.
Ya aprobado esta semana en primera discusión, se espera que el proyecto obtenga la aprobación final en los próximos días dentro de la Asamblea Nacional controlada por Maduro.
Argumentando la necesidad de promover “una convivencia pacífica”, la propuesta prohibiría mensajes que pudieran interpretarse como promoción de la violencia como instrumento de acción política. Ese tipo de lenguaje es utilizado a menudo por los miembros del régimen en referencia a llamados de la oposición a congregarse en las calles o a protestar, o simplemente a expresar duras opiniones contra el régimen a través de las redes sociales.
Bajo el proyecto de ley, la violación de la nueva ley será sancionada con cárcel o multas, aunque los legisladores aún no han definido cuáles serían.
El proyecto también prevé la creación de un Comité Contra el Fascismo y de organizaciones de base que tomarían medidas contra la ideología, que el régimen atribuye con frecuencia a líderes de la oposición y a figuras públicas que favorecen una economía de mercado libre o hablan a favor de una sociedad más libre y democrática.
El proyecto de ley fue introducido en medio de un creciente descontento y falta de apoyo al régimen antes de las elecciones presidenciales programadas para finales de julio.
Su timing no es casualidad, dijo el ex alcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledezma. El régimen ya tenía otras leyes para castigar a los disidentes, pero decidió que necesitaba un nuevo instrumento para intimidar a los militantes insatisfechos que se alejan del gobierno.
En términos legales, el régimen no tiene una necesidad real de esto, pero ve la necesidad de intimidación y de justificar el uso de la represión política, dijo Ledezma. Esto se debe a que el gobierno está viendo luchas internas y la desintegración del movimiento a nivel de base y se dio cuenta de que hay una necesidad de poner orden en casa a través de una mayor represión.
“Están tratando de mantener el liderazgo de esta manera”, dijo, porque temen el abrumador apoyo que tiene la líder de la oposición, María Corina Machado, y que más del 80% de la población está en contra de Maduro. Ven esto como un “río crecido que puede arrastrarlo todo”.
Preocupado por encuestas que aseguran que sería rotundamente derrotado por Machado si compitiera contra ella en las elecciones presidenciales, Maduro descalificó la candidatura de la líder opositora y de su reemplazo, la profesora universitaria Corina Yolis.
La prohibición ha sido acompañada por una ola de arrestos contra líderes de la oposición, activistas de derechos humanos y personal militar que están siendo acusados de participar en complots para derrocar a Maduro.