Una ley de la Unión Europea que prohíbe productos derivados de la deforestación entrará en vigor a finales de 2024, pero para los indígenas brasileños contiene una laguna insoportable: el Cerrado, la vasta sabana arbolada de Brasil, queda excluido de su alcance.
Una delegación indígena que abordó el tema durante una visita a Bruselas dijo que la omisión, para una región que abastece a Europa con soja, es “una cuestión de supervivencia” para ellos.
“El Cerrado es mi hogar”, declaró Eliane Xunakalo, su tocado de plumas ondeando bajo el clima primaveral de Bélgica.
La presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas de Mato Grosso, uno de los grandes estados brasileños a través de los cuales se extiende la sabana, visitó Bruselas la semana pasada con otros activistas para presionar a la Unión Europea para “mejorar” su ley contra la deforestación.
Adoptada el año pasado, la legislación requiere que los importadores demuestren que sus productos provienen de “cadenas de suministro libres de deforestación” y no de tierras deforestadas después de 2020.
Su alcance abarca aceite de palma, carne de vacuno, soja, café, cacao, madera y caucho, así como productos derivados como muebles y chocolate. Entrará en vigor a finales de diciembre de este año.
Sin embargo, la definición de “bosque” en el texto no se extiende a ecosistemas boscosos como el Cerrado, que se extiende por el centro de Brasil y hacia los vecinos Paraguay y Bolivia.
Gran parte de la soja importada a Europa proviene de esa zona y la deforestación en ella aumentó un 43 por ciento el año pasado.
– Alcanzando punto de ‘no retorno’ –
La Comisión Europea estudiará este año la posibilidad de ampliar la ley contra la deforestación para incluir otros ecosistemas y productos. La revisión dependerá del resultado de un debate entre los países miembros de la UE y el Parlamento Europeo que podría tener lugar el próximo año.
Pero para los indígenas de Brasil, la urgencia es necesaria.
“La mitad del Cerrado ya ha desaparecido”, sus praderas y bosques han dado paso a fincas que producen soja u otros cultivos, dijo Isabel Figueiredo de la ONG brasileña ISPN (Instituto Sociedade, Populacao e Natureza).
Esa agricultura y deforestación impiden que el agua se filtre para rellenar los suministros artesianos, dijo.
Después de las cosechas, el Cerrado se asemeja a un mosaico de extensos campos de tierra marrón entrelazados con algunas zonas de vegetación verde nativa. La producción agrícola solo es rentable para grandes empresas multinacionales capaces de producir a gran escala.
“El riesgo es que este asombroso ecosistema, con su inmensa biodiversidad y sus capacidades de captura de carbono y regulación climática, colapse y con él su capacidad para suministrar agua a todas las partes de Brasil”, advirtió Figueiredo.
“Eso sería un punto de no retorno”, dijo.
Samuel Caetano, de otra ONG, la Red del Cerrado, subrayó que incluir al Cerrado en la ley europea “es una cuestión de supervivencia”.
La sabana alimenta en gran medida a los cursos de agua de la cuenca del Amazonas, “garantizando el equilibrio hidrológico de América Latina”, dijo.
La UE puede requerir que los importadores cumplan con las normas ambientales en los países productores, pero “el Cerrado no está protegido por las leyes brasileñas – la mayoría de las leyes brasileñas están dirigidas a la Amazonia”, dijo Giulia Bondi, de la ONG Global Witness.
– ‘Amplio impacto’ de la ley –
Por ahora, las ONG y los activistas están observando de cerca cómo se aplicará la legislación existente.
El comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevicius, visitó a mediados de marzo Paraguay, Bolivia y Ecuador para abordar las críticas que tienen sobre la nueva ley.
El bloque ha ofrecido ayuda técnica y financiera para que los importadores lleven sus sistemas de seguimiento al nivel necesario, respondiendo a las quejas de que los cambios de la UE serán costosos para las fincas más pequeñas.
“La regulación es realmente desafiante en términos de rastreabilidad y en términos de los datos y el flujo de datos que se necesitan para que funcione”, dijo Nicole Polsterer, de la ONG Fern.
Pero eso debería ser “favorable” para los pequeños agricultores, ya que “serían más visibles” si las grandes compañías los apoyan, dijo.
Eliane Xunakalo dijo: “Realmente esperamos que esta ley tenga un impacto más amplio en Brasil, generando presión política para una mayor supervisión”.
Bondi, de Global Witness, señaló que la UE sí exige a las empresas cumplir con las leyes de derechos humanos en los países productores.
Dijo que las empresas deben estar obligadas a respetar los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con las leyes nacionales.
Los requisitos de la UE “también pueden ser utilizados como una herramienta” para presionar al gobierno brasileño para que respete los derechos de los indígenas, agregó.
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