La reconocida autora superventas Robin Cook lanzó un nuevo thriller médico y en la biblioteca pública de West Haven, Connecticut, saben que la demanda de copias digitales será alta. Así como el precio.
Al igual que muchas bibliotecas, West Haven ha estado lidiando con los crecientes costos de los libros electrónicos y audiolibros. Los títulos digitales a menudo vienen con una etiqueta de precio mucho más alta que lo que pagan los consumidores. Mientras que un ejemplar en tapa dura de la última novela de Cook cuesta $18 a la biblioteca, el alquiler de una copia digital cuesta $55, un precio que no puede ser negociado con los editores.
Además, el libro electrónico caduca después de un tiempo limitado, generalmente después de uno o dos años o después de 26 préstamos, lo que ocurra primero. Mientras que los libros electrónicos comprados por los consumidores pueden durar en perpetuidad, las bibliotecas necesitan renovar su material digital alquilado.
La modestamente financiada Biblioteca de West Haven ha gastado más de $12,000 en los últimos tres años para arrendar solo 276 títulos digitales adicionales más allá de lo que los usuarios pueden acceder a través de un consorcio de bibliotecas públicas. Ochenta y cuatro de esos libros ya no están disponibles. Si la misma cantidad hubiera sido gastada en libros en papel, habría cubierto alrededor de 800 títulos.
“Imagina si se construyera un patio de juegos en una escuela con fondos públicos, solo para ser desmantelado después de dos años de uso”, dijo la bibliotecaria Colleen Bailie en una audiencia pública reciente.
Por su parte, los editores argumentan que el arreglo es justo considerando que las licencias de libros electrónicos para las bibliotecas permiten a múltiples usuarios “tomar prestado” los libros y que el costo por lector es mucho menos costoso que la tarifa por lector.
Los bibliotecarios en varios estados han estado presionando por legislación que restrinja los costos y restricciones sobre material electrónico, que ha ido ganando popularidad desde la pandemia de COVID-19. Los usuarios quedan atrapados en largas listas de espera para audiolibros y libros electrónicos, y las ofertas digitales son limitadas.
Este año, legisladores de estados como Connecticut, Massachusetts, Illinois, Hawái y Nuevo Hampshire han propuesto proyectos de ley destinados a cerrar la brecha en la asequibilidad. Se presentó un proyecto de ley en Virginia, pero fue suspendido en febrero.
Enfrentan una fuerte oposición de la industria editorial, que argumenta que la legislación socava los valores de la propiedad intelectual y perjudicará al ecosistema editorial.
“Tienen un problema de financiación, pero la respuesta no es sacarlo de los bolsillos de los autores y destruir los derechos de los creadores y aprobar legislación inconstitucional”, dijo Shelley Husband, vicepresidenta senior de asuntos gubernamentales de la Asociación de Editores de América, señalando cómo más personas que nunca pueden acceder a material electrónico que de otro modo se habría adquirido en librerías.
Los lectores de todo el mundo tomaron prestados 662 millones de libros electrónicos, audiolibros y revistas digitales el año pasado, un 19% más que en 2022, según datos proporcionados por OverDrive, el principal distribuidor de contenido digital para bibliotecas y escuelas.
Libraries Online Inc., un consorcio interbibliotecario de Connecticut, actualmente gasta aproximadamente $20,000 al mes en libros electrónicos para sus 38 miembros. Reemplazar títulos caducados consume el 20% del presupuesto del consorcio, dijo la presidenta del comité de libros electrónicos, Rebecca Harlow.
“Si reemplazamos todo el contenido que ha caducado este año, el costo superaría nuestro presupuesto anual completo para libros electrónicos”, dijo Harlow recientemente a los legisladores. “Hemos perdido completamente la capacidad de construir una colección de biblioteca”.
El consorcio arrienda menos de 30 libros al mes para niños y 30 libros al mes para adolescentes, dijo.
Descartar libros electrónicos y audiolibros no es considerado una opción para bibliotecas con usuarios como Casey Rosseau, de 53 años, de West Hartford, Connecticut.
Rosseau, un trabajador de tecnologías de la información, tiene problemas de vista. Lee alrededor de 200 audiolibros al año utilizando la aplicación Libby de OverDrive en su teléfono, y generalmente está en listas de espera durante meses para los títulos más codiciados.
“Siempre he ido a la biblioteca para conseguir el último John Grisham o el último libro de James Patterson”, dijo. “Esos salen tan a menudo que se necesitan bolsillos muy profundos para poder comprarlos”.
En 2021, Maryland aprobó una ley que habría requerido que los editores pusieran a disposición los libros electrónicos en “términos razonables” para las bibliotecas si se ofrecían al público en general. Eso fue anulado por un juez en 2022, después de que los editores argumentaran con éxito que la ley de derechos de autor federal prohíbe a los estados regular las transacciones de publicación. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, vetó una medida similar en 2021.
Muchas de las últimas propuestas legislativas intentan un enfoque diferente.
Un proyecto de ley en Illinois anularía los contratos entre bibliotecas y editores que incluyen ciertas disposiciones, como restringir el derecho de una biblioteca a determinar los períodos de préstamo para el material electrónico con licencia. Massachusetts y Connecticut están considerando propuestas similares.
“Básicamente, en lugar de decirle a los editores que tienen que hacer algo en concreto, nuestro proyecto de ley le diría a las bibliotecas en qué términos pueden hacer tratos con los editores”, dijo el representante estatal de Connecticut, Matt Blumenthal, del Partido Demócrata.
Husband, de la Asociación de Editores de América, dijo que no ve una gran diferencia entre la ley de Maryland anulada y estos últimos esfuerzos. El año pasado, organizaciones que representan a editores, librerías y autores formaron la Coalición Protege la Economía Creativa para oponerse a la legislación estatal.
Pero Julie Holden, directora adjunta de la biblioteca pública de Cranston en Rhode Island, dijo que sin un cambio legislativo, los bibliotecarios locales no solo continuarán enfrentando dificultades financieras, sino que se verán abrumados examinando listas de arrendamientos digitales caducados para decidir si pueden justificar gastar más dinero para renovar cada uno.
“Los contribuyentes que financian nuestras bibliotecas públicas merecen algo mejor. Mucho mejor”, dijo.