DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, inició una huelga de hambre el lunes debido a que, junto con otros reclusos, se le impide recibir atención médica y para protestar contra el uso obligatorio del hiyab para las mujeres en el país, informó una campaña que aboga por la activista.
La decisión de Mohammadi, de 51 años, aumenta la presión sobre la teocracia de Irán en relación a su encarcelamiento, un mes después de haber sido galardonada con el Nobel por sus años de activismo a pesar de una campaña de décadas por parte del gobierno en su contra.
Mientras tanto, otra activista encarcelada, la abogada Nasrin Sotoudeh, necesita atención médica que aún no ha recibido. Fue arrestada mientras asistía al funeral de una adolescente que murió en circunstancias disputadas en el Metro de Teherán sin usar un hiyab.
La campaña “Free Narges Mohammadi” dijo que ella envió un mensaje desde la prisión de Evin e “informó a su familia que comenzó una huelga de hambre hace varias horas”. Dijo que Mohammadi y su abogado han estado buscando durante semanas su traslado a un hospital especializado para recibir atención cardíaca y pulmonar.
No especificó las condiciones de salud que padece Mohammadi, aunque mencionó que ha recibido un ecocardiograma de su corazón.
“Narges inició hoy una huelga de hambre… protestando por dos cosas: la política de la República Islámica de retrasar y descuidar la atención médica para los reclusos enfermos, lo que resulta en la pérdida de la salud y vidas de las personas. La política de ‘muerte’ o ‘hiyab obligatorio’ para las mujeres iraníes”, decía el comunicado.
Agregó que la República Islámica “es responsable de cualquier cosa que le suceda a nuestra querida Narges”.
Las autoridades iraníes y su red de televisión controlada por el Estado no reconocieron de inmediato la huelga de hambre de Mohammadi, lo cual es común en casos que involucran a activistas allí. La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Aunque las mujeres ocupan empleos, cargos académicos e incluso puestos gubernamentales, sus vidas están estrictamente controladas. Las mujeres están obligadas por ley a usar un pañuelo en la cabeza, o hiyab, para cubrir su cabello. Irán y el vecino Afganistán son los únicos países que lo exigen. Sin embargo, desde la muerte de Amini, cada vez más mujeres optan por no usarlo a pesar de una creciente campaña de las autoridades en su contra y de los negocios que las atienden.
Mohammadi ha seguido con su activismo a pesar de numerosos arrestos por parte de las autoridades iraníes y de pasar años tras las rejas. Ha sido una líder destacada en las protestas a nivel nacional lideradas por mujeres, que fueron desencadenadas por la muerte el año pasado de una mujer de 22 años bajo custodia policial y que se han convertido en uno de los desafíos más intensos para el gobierno teocrático de Irán.
Esa mujer, Mahsa Amini, había sido detenida por supuestamente no usar su hiyab de acuerdo a las reglas de las autoridades. En octubre, la adolescente Armita Geravand sufrió una lesión en la cabeza mientras viajaba en el Metro de Teherán sin un hiyab. Los padres de Geravand aparecieron en imágenes de los medios estatales diciendo que un problema de presión arterial, una caída o quizás ambas cosas contribuyeron a la lesión de su hija. Activistas en el extranjero han afirmado que Geravand pudo haber sido empujada o atacada por no usar el hiyab. Murió semanas después.
Las autoridades arrestaron a Sotoudeh, una abogada de derechos humanos de 60 años, mientras asistía al funeral de Geravand. PEN America, que aboga por la libertad de expresión en todo el mundo, dijo la semana pasada que “50 policías y agentes de seguridad atacaron al grupo pacífico, golpeando a algunos y arrastrando a otros sobre las tumbas mientras los arrestaban”.
Según PEN America, Sotoudeh no llevaba hiyab en el momento de su arresto y sufrió lesiones en la cabeza que le han causado dolores de cabeza prolongados.
“Su arresto ya era un ultraje, pero no existe un mundo en el que la violencia contra una escritora y defensora de los derechos humanos pueda ser justificada”, dijo Suzanne Nossel, CEO de PEN America, en un comunicado.