SAN ANDRES LARRAINZAR, México (AP) — Cientos de personas se presentaron el martes para el entierro del sacerdote católico Marcelo Pérez, un activista de pueblos indígenas y trabajadores agrícolas que fue asesinado en el estado sureño de Chiapas en México.
Aproximadamente 2,000 dolientes gritaron consignas como “Justicia para Marcelo”. El Rev. Pérez había trabajado incansablemente por llevar paz a las tierras altas y regiones fronterizas de Chiapas, donde dos cárteles de drogas están luchando por el control.
Los fiscales estatales anunciaron que habían detenido a un hombre sospechoso de llevar a cabo el asesinato, pero no revelaron su identidad ni proporcionaron un posible motivo en el asesinato del domingo.
No obstante, los fiscales federales anunciaron que están tomando el caso, un movimiento que sugiere que creen que el crimen organizado estuvo involucrado en el asesinato.
Pérez fue sepultado en su ciudad natal de San Andrés Larrainzar. Era miembro del grupo indígena Tzotzil y estaba entre el número relativamente pequeño de sacerdotes indígenas en Chiapas.
Pérez, de 50 años, a menudo había recibido amenazas, pero aún así continuó trabajando como activista por la paz. Defensores de derechos humanos dijeron que Pérez no recibió la protección gubernamental que necesitaba.
“Durante años, insistimos en que el gobierno mexicano debería abordar las amenazas y agresiones en su contra, pero nunca implementaron medidas para garantizar su vida, seguridad y bienestar”, escribió el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Aunque no había información inmediata sobre el asesinato —La presidenta Claudia Sheinbaum solo dijo que “se están llevando a cabo investigaciones”— los esfuerzos de paz y mediación del Rev. Pérez pueden haber enojado a uno de los cárteles de drogas.
El estado de Chiapas es una ruta lucrativa para el contrabando de drogas y migrantes.
“El padre Marcelo Pérez fue objeto de constantes amenazas y ataques por parte de grupos del crimen organizado”, según el centro de derechos, agregando que su asesinato “ocurrió en el contexto de una grave escalada de violencia contra la población en todas las regiones de Chiapas.”
Por lo menos en los últimos dos años, los cárteles de Sinaloa y Jalisco han estado involucrados en cruentas batallas territoriales que implican matar a familias enteras y obligar a los aldeanos a tomar partido en la disputa. Cientos de residentes de Chiapas han tenido que huir a Guatemala vecina por su propia seguridad.