BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Los fiscales argentinos han concluido que hay motivos para iniciar una investigación penal contra las máximas autoridades de Opus Dei en América del Sur entre 1983 y 2015 por los delitos de tráfico de personas y explotación laboral contra al menos 44 mujeres reclutadas por la orden religiosa para realizar tareas domésticas en sus hogares.
Según un documento visto por The Associated Press, los fiscales solicitaron a un juez federal que llame a declarar a quienes se desempeñaron durante ese período como vicario o consejero regional de Opus Dei Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia: Carlos Nannei (1991- 1997), Patricio Olmos (1998-2014) y Víctor Urtizarrazu (2014-2022). También buscan interrogar al secretario regional a cargo de la sección femenina de la orden, Gabriel Dondo, quien ocupó el cargo hasta 2015.
Opus Dei — Obra de Dios en Latín — fue fundada por el sacerdote español Josemaría Escrivá en 1928, y cuenta con 90.000 miembros en 70 países. El grupo laico, que fue muy favorecido por San Juan Pablo II, quien canonizó a Escrivá en 2002, tiene un estatus único en la iglesia y reporta directamente al papa. La mayoría de los miembros son laicos con trabajos seculares y familias que luchan por “santificar la vida ordinaria”. Otros miembros son sacerdotes o laicos célibes.
Tras una denuncia presentada en 2022, el equipo de fiscales inició una investigación que concluyó que desde principios de la década de 1970 hasta 2015, “personas que ocupaban diferentes cargos dentro de Opus Dei establecieron una estructura dedicada a reclutar al menos 44 mujeres, la mayoría de ellas niñas y adolescentes, para ser sometidas a condiciones de vida comparables a la servidumbre”.
El Opus Dei en Argentina ha negado las acusaciones.
“Negamos categóricamente las acusaciones de tráfico de personas y explotación laboral”, dijo la oficina de la Prelatura del Opus Dei en Argentina en un comunicado, añadiendo que para construir esta acusación, “la formación recibida por algunas de las mujeres del grupo y la vocación libremente elegida por las asistentes numerarias del Opus Dei se sacan completamente de contexto. Esta es una acusación totalmente falsa.”
Los fiscales argumentan que Opus Dei seleccionó niñas y adolescentes de familias de bajos ingresos, generalmente de zonas rurales lejos de los centros de actividad de la organización, y que fueron reclutadas “bajo la promesa de recibir formación y mejorar sus perspectivas laborales”.
“Una vez admitidas, fueron sometidas a un régimen de ‘formación espiritual, profesional y laboral’, y si mostraban una vocación para ser asistentes numerarias, se les asignaba de por vida para realizar tareas domésticas en los centros de Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero,” dijeron.
La investigación se centra en cuatro casos que encajan en el delito de tráfico de personas según la legislación argentina actual.
Algunas de las denunciantes dieron su testimonio a AP en un reportaje publicado en noviembre de 2021 en el que informaron que trabajaron bajo “condiciones manifiestamente ilegales” que incluían trabajar sin recibir salario durante más de 12 horas seguidas sin descansos, excepto para comer o rezar, sin estar inscritas en el sistema de Seguridad Social y otras violaciones de derechos básicos.
Se ha preservado la identidad de las mujeres en la resolución de los fiscales.
La mayoría de las mujeres solicitaron la dispensa diciendo que las exigencias físicas y psicológicas a las que fueron sometidas durante sus años de servicio se volvieron insoportables. Mantienen que fueron abandonadas a su suerte, sin dinero, y muchas necesitaron tratamiento psicológico después de dejar Opus Dei.
Un juez federal debe decidir ahora si concede la solicitud de los fiscales de llamar a declarar a los ex vicarios.
Opus Dei Argentina reafirmó su compromiso de cooperar plenamente con la justicia “para aclarar los hechos y resolver la situación de manera justa y transparente”.
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