El decreto ejecutivo del presidente Trump designando a los cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales como terroristas extranjeros podría obligar a algunas empresas estadounidenses a renunciar a hacer negocios en México en lugar de arriesgarse a sanciones de EE. UU., según exfuncionarios gubernamentales y analistas, un resultado que podría tener un efecto importante en ambos países dada su profunda interdependencia económica.
Sin embargo, desentrañar las operaciones de los cárteles de los intereses estadounidenses en México podría ser inmensamente complicado. México es el mayor socio comercial de bienes de Estados Unidos, y muchas empresas estadounidenses tienen operaciones de fabricación allí.
Aún más complicado, estas redes criminales han extendido sus operaciones mucho más allá del tráfico de drogas y el contrabando de personas. Ahora están integradas en una amplia franja de la economía legal, desde la agricultura de aguacates hasta la industria turística multimillonaria del país, lo que dificulta estar absolutamente seguros de que las empresas estadounidenses estén aisladas de las actividades de los cárteles.
"Esto ha surgido en administraciones anteriores en todo el espectro político y de miembros del Congreso que querían hacerlo", dijo Samantha Sultoon, asesora principal de políticas de sanciones y financiamiento de amenazas en las administraciones de Trump y Biden.
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