Cuando el cruzado anticorrupción Bernardo Arévalo ganó una victoria arrolladora en la carrera presidencial de Guatemala, los votantes se volcaron a la capital del país más poblado de América Central para celebrar. Pero a medida que los adversarios del Sr. Arévalo intensifican los esfuerzos para impedir que el presidente electo asuma el cargo en tan solo unas semanas, el clima en las calles ha cambiado.
Los manifestantes indígenas acampados frente a la oficina del fiscal general están exigiendo su renuncia, acusándola de apuntar al Sr. Arévalo con investigaciones tramadas después de su sorprendente desempeño. Los grafitis que exigen la renuncia de los fiscales, que han desmantelado una importante campaña anticorrupción, inundan los edificios gubernamentales. Los oficiales de policía antidisturbios permanecen en alerta mientras las tensiones aumentan.
En una región que ya está en tensión por la adopción de tácticas autoritarias que restringen las libertades democráticas, no sólo en Guatemala, sino también en los vecinos Nicaragua y El Salvador, los analistas dicen que el ataque despiadado contra un líder elegido democráticamente con el fin de evitar una transición ordenada del poder revela un país al borde de una crisis política.
En una entrevista, el Sr. Arévalo, un sociólogo educado en Israel que es el candidato más progresista en llegar tan lejos desde que la democracia en Guatemala se restableció en 1985 después de décadas de gobierno militar, insistió en que todavía ve un camino para asumir el cargo. Pero reconoció que enormes obstáculos se interponen en su camino.
“En el siglo XX, los golpes de Estado involucraban tanques, bayonetas, soldados, y duraban dos o tres días”, dijo el Sr. Arévalo. “Los golpes de Estado del siglo XXI se realizan con miembros del Congreso, con abogados, en los tribunales. Es más sofisticado, lleva mucho más tiempo, se hace bajo la pretensión de continuidad institucional”.
“Pero la verdad es que las instituciones son cascarones huecos en los que la legalidad ha sido dejada de lado”, dijo.
Las señales de advertencia para la frágil democracia de Guatemala comenzaron a parpadear tan pronto como el Sr. Arévalo, hijo de Juan José Arévalo, un expresidente aún exaltado por crear el sistema de seguridad social de Guatemala y proteger la libertad de expresión, llegó a la segunda vuelta de las elecciones durante el verano.
Una fiscalía se apresuró a suspender el partido insurgente del Sr. Arévalo, Movimiento Semilla, y cuando ganó rotundamente las elecciones en agosto, las autoridades judiciales y los miembros del Congreso ampliaron su campaña contra el presidente electo y sus aliados.
Estos esfuerzos alcanzaron un punto máximo en los últimos días, ya que los fiscales y el Congreso tomaron medidas para despojar al Sr. Arévalo de su inmunidad judicial y anular efectivamente los resultados de las elecciones. Junto con otros esfuerzos para levantar la inmunidad del Sr. Arévalo y encarcelar a algunos de sus aliados, estos movimientos podrían allanar el camino para que los funcionarios judiciales busquen su arresto y perturbar la programada transferencia de poder a mediados de enero.
Leonor Morales, una fiscal que encabezó los últimos esfuerzos contra el Sr. Arévalo, acusó a Semilla de utilizar firmas fraudulentas para registrarse como partido político. “Semilla nunca nació por medios legales, pues su constitución fue a través de acciones corruptas e ilegales”, dijo la Sra. Morales a los periodistas la semana pasada.