Por Diego Oré
CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) – La Cámara de Diputados de México tiene previsto abrir el debate el martes sobre una polémica reforma judicial y se espera que la legislación sea aprobada a finales de la semana, dijo el líder del partido gobernante en la cámara, Ricardo Monreal, el domingo.
La reforma judicial, propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, ha desencadenado una huelga de trabajadores judiciales, tensado las relaciones con Estados Unidos y alarmado a inversores extranjeros.
El eje de la reforma constitucional sería la elección de más de 7,000 jueces y magistrados por voto popular. Se reduciría el número de jueces en la Suprema Corte de 11 a 9, y se acortarían sus mandatos de 15 a 12 años. También se crearía un nuevo organismo para supervisar a los jueces.
Los partidarios de la reforma dicen que es necesaria para abordar el alto nivel de impunidad en crímenes violentos en México.
Monreal dijo el domingo que los legisladores debatirían y votarían sobre la reforma el martes y miércoles, y luego enviarían la legislación al Senado. El partido Morena gobernante y sus aliados tienen una mayoría calificada de dos tercios en la cámara baja y solo les falta un escaño en el Senado.
El domingo, estudiantes universitarios y trabajadores judiciales protestaron frente a la sede del Senado en oposición a las medidas.
Obrador dice que las reformas son necesarias porque el sistema judicial “no está al servicio del pueblo” y en cambio “responde a los intereses del crimen organizado”.
Sin embargo, los expertos dicen que gran parte de esta impunidad es impulsada por fiscales, policías y fiscalías estatales, que tienen recursos limitados y cuyas oficinas a menudo están plagadas de corrupción. Estas entidades no se verían afectadas por la reforma judicial.
Los sindicatos que representan a los trabajadores judiciales dicen que los cambios propuestos pisotearían los derechos laborales y que la elección popular de jueces corre el riesgo de permitir que intereses especiales, incluidos grupos criminales, se hagan cargo del poder judicial.