SÃO PAULO (AP) – El Congreso de Brasil revocó el jueves un veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para restablecer la legislación que deshace las protecciones de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La decisión prepara una nueva batalla entre los legisladores y el tribunal supremo del país sobre este asunto.
Tanto los diputados federales como los senadores votaron por amplia mayoría para apoyar un proyecto de ley que sostiene que la fecha en que se promulgó la constitución de Brasil, el 5 de octubre de 1988, es el plazo límite para que los pueblos indígenas estuvieran ocupando físicamente o luchando legalmente para reocupar territorios a fin de reclamar asignaciones de tierras.
En septiembre, el Tribunal Supremo de Brasil decidió por 9-2 que dicha teoría era inconstitucional. Los legisladores brasileños reaccionaron usando un proceso acelerado para aprobar un proyecto de ley que abordaba esa parte de la legislación original, y será válido hasta que el tribunal examine nuevamente el asunto.
La anulación del veto de Lula fue una victoria para los partidarios del Congreso del ex presidente Jair Bolsonaro, quien se unió a varios miembros de la coalición de Lula para revertir la acción del presidente, y sus aliados en el sector agroindustrial.
Los partidarios del proyecto argumentaron que era necesario para brindar seguridad legal a los propietarios de tierras y acusaron a los líderes indígenas de promover una expansión ilimitada de sus territorios.
Los grupos de derechos indígenas dicen que el concepto del plazo es injusto porque no tiene en cuenta las expulsiones y desplazamientos forzados de las poblaciones indígenas, especialmente durante la dictadura militar de Brasil entre 1964-1985.
El grupo de derechos Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, conocido por el acrónimo en portugués Apib, dijo en sus canales de redes sociales que llevaría el caso de vuelta al Tribunal Supremo de Brasil. Los legisladores de izquierda dijeron lo mismo.
“Los derrotados son aquellos que no están luchando. El Congreso aprobó el proyecto de ley del plazo y otros crímenes contra los pueblos indígenas”, dijo Apib. “Continuaremos desafiando esto”.
Poco después de la votación en el Congreso, alrededor de 300 personas protestaron frente al edificio del Tribunal Supremo.