ROMA (AP) — Se espera que un tribunal en Sicilia anuncie su veredicto el viernes sobre si el viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, fue culpable de detener ilegalmente a 100 migrantes a bordo de un barco de rescate humanitario cuando era ministro del Interior.
Salvini enfrenta hasta seis años de cárcel si es condenado por cargos de secuestro por el incidente de 2019 cuando se negó a permitir que los migrantes abandonaran el barco de rescate Open Arms en la isla más meridional de Italia, Lampedusa.
Una sentencia de más de cinco años también le impediría automáticamente ocupar un cargo. Sin embargo, las sentencias en Italia solo se consideran definitivas una vez agotados todos los recursos, un proceso que puede llevar años. Salvini ha dejado claro que no renunciará.
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Ahora ministro de Transporte en el gobierno de extrema derecha de la Premier Giorgia Meloni, Salvini se ha defendido, diciendo que actuó para proteger las fronteras de Italia.
Durante el enfrentamiento, algunos de los migrantes se lanzaron por la borda desesperados mientras el capitán suplicaba por un puerto seguro y cercano. Las otras 89 personas a bordo finalmente pudieron desembarcar en Lampedusa por orden judicial.
Salvini adoptó una postura firme contra la migración como ministro del Interior de 2018-2019 en el primer gobierno del ex primer ministro Giuseppe Conte. Se negó a permitir que los barcos de rescate humanitario atracaran en puertos italianos y acusó a los grupos que rescataban migrantes en el mar de efectivamente alentar a los traficantes.
Salvini cuenta con el apoyo de Meloni, otros ministros del gobierno y legisladores europeos antiinmigrantes, así como de Elon Musk, quien expresó su apoyo en un mensaje en la plataforma de redes sociales X.
Desde que asumió el poder en 2022, Meloni ha tomado medidas en contra de la migración, cerrando acuerdos con naciones del norte de África para evitar las salidas y también estableciendo centros en Albania destinados a verificar a los migrantes rescatados en el mar en el país no perteneciente a la UE sin permitirles entrar en Italia. Estos centros aún no están operativos debido a desafíos legales.