Mientras tanto, el Tribunal de Waitangi, creado en 1975 para investigar presuntas violaciones del Tratado de Waitangi, señala que el proyecto de ley “excluyó intencionalmente cualquier consulta con los Māori, violando el principio de asociación, las obligaciones de buena fe de la Corona y el deber de proteger activamente los derechos e intereses de los Māori”. También dijo que los principios del proyecto de ley tergiversaron el Tratado de Waitangi y que esto “ocasionó un perjuicio significativo a los Māori”. La presentación del Proyecto de Ley de Principios del Tratado sigue a una serie de medidas introducidas por el gobierno que han afectado a los Māori. Incluyen el cierre de la Autoridad de Salud Māori, establecida bajo el gobierno laborista de Jacinda Ardern para ayudar a crear equidad en salud, y la priorización del inglés sobre el maorí en cuanto al nombre oficial de las organizaciones gubernamentales, por ejemplo. Aunque aproximadamente el 18% de la población de Nueva Zelanda se considera a sí misma Māori, muchos siguen estando en desventaja en comparación con la población general en cuanto a marcadores como resultados de salud, ingresos familiares, niveles educativos y tasas de encarcelamiento y mortalidad. Existe una brecha de siete años en la esperanza de vida. El Tratado de Waitangi es un acuerdo entre los británicos y muchas, pero no todas, las tribus Māori, firmado en 1840. Es controvertido porque fue escrito en inglés y maorí – que solo había sido un idioma hablado hasta la colonización – y las dos versiones contienen diferencias fundamentales en cuestiones como la propiedad de la tierra. Aunque el tratado en sí no está consagrado en la ley, sus principios se han incorporado con el tiempo en diversas leyes. El proyecto de ley ahora será enviado a un comité selecto para un proceso de audiencia pública de seis meses.
