Cientos de personas se reunieron varios días atrás afuera de un centro de detención conocido como “Zona 7” en Caracas, la capital venezolana, apiñadas alrededor de listas de prisioneros, mientras sujetaban bolsas de plástico llenas de comidas que habían empacado para los internos dentro.
Ávidos de información sobre sus seres queridos detenidos, muchos contaron historias sorprendentemente similares de hijos, hijas y hermanos arrestados mientras andaban en motocicleta, volvían a casa del trabajo, salían de una panadería o pasaban por la casa de un pariente en los días siguientes a las elecciones presidenciales disputadas de Venezuela.
Describieron arrestos tanto masivos como selectivos. Y a nadie se le había informado de qué cargos criminales enfrentaban sus familiares.
El gobierno venezolano ha lanzado una furiosa campaña contra cualquiera que desafíe los resultados declarados de la votación, desatando una ola de represión que grupos de derechos humanos dicen que es diferente a todo lo que el país ha visto en décadas recientes.
“He estado documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela durante muchos años y he visto patrones de represión antes”, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para América Latina, una organización de defensa e investigación. “No creo que nunca haya visto esta ferocidad”.
El presidente autocrático del país, Nicolás Maduro, afirmó la victoria en las elecciones del 28 de julio, pero el gobierno aún no ha proporcionado ningún recuento de votos para respaldar el anuncio. La oposición, por otro lado, publicó recuentos que mostraban que su candidato había ganado por un gran margen.
Ahora, señalan los expertos, el Sr. Maduro, al parecer habiendo sido repudiado por una mayoría de sus electores, está empeñado en castigar a aquellos que considera desleales.
“Mi hijo agarró una bandera y participó en una protesta, ¿pero no creo que lo condenen por eso, verdad?” dijo María Vázquez, de 62 años, una vendedora ambulante en Caracas que apoya al gobierno y le pidió a su hijo que no protestara. “Es preocupante”.
El gobierno venezolano dice que ha arrestado a más de 2,000 personas por participar en protestas disputando los resultados de las elecciones.
Las personas fueron llevadas tanto en redadas indiscriminadas, en medio de las protestas, como posteriormente desde sus hogares en arrestos selectivos, mientras el gobierno lanzaba lo que llamó “Operación Toc-Toc”, según entrevistas con familiares y activistas de derechos humanos que documentan las detenciones.
El aumento de las detenciones es particularmente alarmante, según grupos de derechos, porque algunos arrestos se produjeron después de que el presidente instara a sus seguidores a delatar a sus vecinos, utilizando una aplicación gubernamental que supuestamente se utilizaba para informar sobre problemas, como cables eléctricos caídos.
“¡Castigo máximo! ¡Justicia!”, dijo el Sr. Maduro en un mitin el sábado pasado. “¡Esta vez no habrá perdón!”
El resultado ha sido una agresiva represión de la disidencia diseñada para silenciar a cualquiera que se atreva a cuestionar los resultados electorales, dijeron activistas de derechos humanos.
Al menos dos abogados de derechos humanos están en prisión, incluido uno que fue arrestado cuando fue a preguntar sobre otros detenidos. Otro activista fue detenido en el aeropuerto de Caracas cuando intentaba salir del país.
Cuando las autoridades se presentaron en casa de María Oropeza, lideresa de un partido de oposición en Portuguesa, al suroeste de Caracas, transmitió en vivo. “Creo que primero deberían mostrarme si tienen una orden de allanamiento, ¿no?” se escuchaba decir a un oficial de policía. “Porque esta es mi casa, propiedad privada”.
Jordan Sifuentes, alcalde de Mejía, el único alcalde opositor en el estado de Sucre, en el noreste de Venezuela, ha sido detenido durante una semana por cargos desconocidos. El alcalde José Mosquera de Lagunillas, en el estado de Zulia, estuvo detenido durante seis días luego de ser acusado de publicar un tweet contra el gobierno, lo cual él negó.
Activistas de derechos humanos y periodistas supieron en días recientes que el gobierno había anulado sus pasaportes, atrapándolos efectivamente en Venezuela.
Las personas están saliendo de sus casas sin sus teléfonos, temiendo que las autoridades los detengan en la calle y miren sus mensajes en busca de contenido objetable. Un hombre en Zulia fue arrestado después de que la policía encontrara un meme crítico de las elecciones en su teléfono, dijo su familia.
“Es difícil expresar con palabras la intensidad y la naturaleza indiscriminada de esta ola de arrestos”, dijo Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, una organización de derechos humanos que rastrea arrestos desde las elecciones.
Aunque el gobierno afirma que más de 2,000 personas están bajo custodia, el Sr. Himiob dijo que las organizaciones de derechos humanos sólo han podido documentar a casi 1,300 personas detenidas.
“Maduro habla de 2,000 detenidos, pero no parece cierto”, dijo. “Parece más una instrucción. Él quiere alcanzar ese número”.
El 28 de julio, el Sr. Maduro se enfrentó a un diplomático poco conocido llamado Edmundo González, un sustituto de un líder opositor más popular, María Corina Machado, quien había sido descalificada por el gobierno para postularse.
Aproximadamente seis horas después de que se cerraron las urnas, el consejo electoral anunció que el Sr. Maduro había ganado otro mandato de seis años. Casi dos semanas después, el gobierno aún no ha publicado ningún dato de las elecciones a nivel de centro de votación que lo demuestre.
Los recuentos recopilados por observadores de la oposición la noche de las elecciones muestran que el Sr. González ganó por millones de votos.
Protestas espontáneas estallaron al día siguiente de la carrera, algunas de las cuales llevaron a enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas de seguridad y grupos civiles armados que apoyan al gobierno. Según grupos de derechos humanos, al menos una veintena de personas fueron asesinadas. Cientos fueron arrestados.
Pero los arrestos continuaron días después de las protestas, a veces por el testimonio de informantes anónimos que los denunciaron en VenApp, una aplicación que el gobierno había introducido originalmente para reportar molestias públicas.
La aplicación ha sido eliminada de Google Play y App Store, pero aún está disponible para aquellos que la hayan descargado, según Amnistía Internacional.
El uso de civiles partidarios para informar sobre los vecinos tiene ecos de lo que ha sucedido en Cuba, donde el gobierno comunista ha desplegado durante mucho tiempo una extensa red de informantes comunitarios.
“Operación Toc-Toc está recién comenzando”, escribió Douglas Rico, jefe de la unidad de investigaciones criminales de Venezuela, en Instagram. “Reporten si han sido blanco de una campaña de odio física o virtual a través de las redes sociales”.
El gobierno parecía estar empleando un enfoque “pluralista” para sofocar la disidencia, dijo la Sra. Jiménez de la organización de investigación, utilizando todos los métodos a su disposición, incluida la tecnología, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, civiles armados y las fuerzas armadas.
“La variedad de herramientas que está usando el gobierno”, dijo, “es algo que no se ha visto en ciclos previos de represión en el país”.
El Sr. Maduro insistió en que las personas detenidas habían participado en un complot fascista de extrema derecha para derrocarlo. Se les pagó para quemar centros electorales y derribar estatuas del ex presidente Hugo Chávez, dijo, agregando que habían confesado sus crímenes.
Las personas que han sido arrestadas serán acusadas de incitar al odio y al terrorismo, dijo el gobierno, y los activistas dijeron que los habían derivado a un tribunal especializado en terrorismo en Caracas. Algunos de los arrestados fueron sorprendidos cometiendo actos de vandalismo como derribar estatuas del gobierno, pero muchos otros simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, dijeron abogados de derechos civiles.
La oficina del fiscal general no respondió a una solicitud de comentario.
El jueves, la familia del líder del partido de oposición Américo De Grazia, de 64 años, anunció en Instagram que llevaba más de 24 horas desaparecido.
Su hija, María De Grazia, de 30 años, dijo que después de recibir amenazas en redes sociales, su padre, un ex alcalde y congresista, salió de su casa en Upata y viajó 450 millas a Caracas. Después de cinco días allá, desapareció repentinamente.
La familia supo que estaba en la cárcel, pero dijo que no se les dijo por qué.
“No vinieron a la casa con una orden de arresto”, dijo la Sra. De Grazia, quien vive en el exilio en Houston. “Si un familiar no hubiera pasado buscando bajo las piedras durante dos días, aún no supiéramos dónde estaba”.
El gobierno se aferraba al poder, dijo, arrestando a todos, desde líderes estudiantiles hasta políticos conocidos y ciudadanos comunes. Los activistas opositores apenas tenían oportunidades contra un aparato tan organizado.
“Estamos yendo a la guerra armados con un tenedor de plástico”, dijo.