En una acción inusual, un tribunal federal brasileño detuvo el progreso en un proyecto para pavimentar una carretera de tierra que conecta la importante ciudad de Manaus con regiones pobladas, argumentando que probablemente contribuirá al cambio climático. El tribunal suspendió el miércoles un permiso ambiental clave después de que el Observatorio del Clima —una red de 107 grupos ambientales, de la sociedad civil y académicos— argumentó que el permiso preliminar podría llevar a la tala masiva de bosques tropicales prístinos. La deforestación en la Amazonía es la principal fuente de emisiones de carbono que cambian el clima en Brasil, y la mayoría de ella ocurre a lo largo de las carreteras, donde el acceso es más fácil y el valor de la tierra es mayor. La licencia se emitió en 2022, durante el gobierno del ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. En la decisión, la jueza federal Maria Elisa Andrade se puso del lado del demandante, afirmando que la licencia ignoró análisis de la agencia ambiental de Brasil, Ibama, que indicaban que el proyecto de la carretera carece de un plan de gobierno para disuadir la deforestación desenfrenada en la región. “La ausencia de un estudio de impacto climático disminuye la calidad de los análisis de gestión de riesgos y socava el equilibrio entre los impactos proyectados y las medidas para evitar, mitigar y compensar los daños”, dijo el fallo. La licencia preliminar es crucial para la aprobación final del proyecto de pavimentación, porque significa que el proyecto ha pasado revisiones económicas y ambientales. El trabajo de asfaltado aún no ha comenzado y quedan otros trámites burocráticos pendientes. Con la decisión del tribunal, el gobierno federal, ahora bajo el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, tendrá que reevaluar el impacto ambiental de la carretera en la deforestación, los pueblos indígenas y el clima. En un comunicado, Ibama dijo que no haría comentarios sobre la decisión hasta que los funcionarios judiciales federales la envíen formalmente. Suely Araújo, asesora principal de políticas en el Observatorio del Clima y ex presidenta de Ibama, dijo que es inédito que el poder judicial de Brasil vincule un proyecto de infraestructura al cambio climático. “No hay suficiente gobernanza ambiental en la región para hacer cumplir el control de la deforestación”, dijo en una entrevista telefónica. La BR-319 —que tiene alrededor de 900 kilómetros— es la única carretera que conecta Manaus, hogar de 2.2 millones de personas, con los centros urbanos del país hacia el sur. La mitad de su extensión es de tierra y se vuelve intransitable durante la temporada de lluvias, lo que ayuda a mantener alejados a los taladores de bosques. Sin embargo, las expectativas cada vez mayores de que la carretera será pavimentada provocaron un aumento en la deforestación en la región en los últimos años. Brasil es el quinto emisor mundial de gases de efecto invernadero, contribuyendo casi al 3% de las emisiones globales, según Climate Watch, una plataforma en línea gestionada por el World Resources Institute. Casi la mitad de estas emisiones provienen de la destrucción de árboles en la selva amazónica, que alcanzó un máximo de 15 años durante la presidencia de Bolsonaro.
