BARCELONA, España (AP) — Los obispos católicos de España aprobaron el martes un plan para compensar a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia cuyos presuntos agresores han fallecido o cuyos posibles delitos han prescrito, una iniciativa que el gobierno y las asociaciones de víctimas consideraron carente de garantías reales.
La Conferencia Episcopal Española no proporcionó una estimación de cuántas víctimas podría ayudar. Pero el año pasado, la conferencia dijo que había encontrado evidencia de 728 abusadores sexuales dentro de la iglesia desde 1945 como parte de su primer informe público después de años de rechazar un enfoque integral para investigar abusos sexuales.
El 75% de los casos ocurrieron antes de 1990 y más del 60% de los agresores estaban muertos, dijo la conferencia.
El año pasado, una encuesta de la Defensoría del Pueblo de España indicó que el número total de víctimas, incluyendo menores, podría ser mucho, mucho mayor.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, dijo el martes en una conferencia de prensa en Madrid que “nuestro trabajo no comienza ni termina hoy, pero hoy es importante.
“Dado que la mayoría de los casos son anteriores a la década de 1990, muchos no pueden ser procesados debido a los plazos de prescripción que limitan la ley ordinaria”.
El movimiento de la jerarquía eclesiástica se produce después de que el gobierno de España aprobara el año pasado un plan para obligar a la iglesia a indemnizar económicamente a las víctimas de abusos.
El plan de la iglesia incluye una cláusula para la “reparación material” de las víctimas, que puede incluir compensación financiera y pago de servicios médicos o terapéuticos. La iglesia se comprometió a llevar a cabo la reparación “económica, espiritual y psicológica” de las víctimas.
También incluye el compromiso de la Iglesia de determinar la verdad de un presunto caso de abuso sexual incluso cuando el supuesto agresor ha fallecido.
“Siempre hay una reparación judicial, pero para aquellos casos que han prescrito para la ley ordinaria y canónica, y no es posible reabrirlos debido al plazo de prescripción, o porque el agresor ha fallecido, creemos que la Iglesia tiene el deber moral con estas personas”, dijo Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Órdenes Religiosas, que junto con los obispos respalda el plan.
Cada caso será tratado por una junta de expertos recién creada que asesorará a cada diócesis sobre cómo atender mejor a cada víctima.
La junta asesora estará formada por 10 personas, cuatro expertos médicos, cuatro expertos en derecho penal y un representante de la conferencia episcopal y la Conferencia Española de Órdenes Religiosas. La nueva junta podría llamar a un representante de las asociaciones de víctimas para trabajar con ella, dijo la conferencia de obispos.
Para aquellos casos de abuso que puedan ser perseguidos legalmente, la iglesia dijo que también tiene oficinas para atender a las víctimas.
Aunque Argüello dijo que la iglesia había escuchado las recomendaciones tanto del Defensor del Pueblo como de las asociaciones de víctimas, el gobierno español y algunas asociaciones de víctimas dijeron que el plan no era suficiente.
“No creemos en el plan de la Iglesia”, dijo Juan Cuatrecases, portavoz de la Asociación de Víctimas Infancia Robada, a la Radio Nacional Española. Cuatrecases dijo que el plan carecía de supervisión gubernamental.
Un día antes de que la iglesia presentara su plan, el gobierno de España emitió un comunicado diciendo que rechazaba lo que llamaba un esfuerzo unilateral e ineficaz de reparación.
El comunicado dijo que no aceptaría el plan de la iglesia porque “sus resoluciones no son obligatorias, por lo que de ninguna manera garantizan la reparación”.
Argüello dijo que los 67 obispos que asistieron a la reunión extraordinaria en Madrid respaldaron el plan, con solo una abstención en uno de los tres documentos que fueron aprobados.
Solo un puñado de países ha tenido investigaciones iniciadas por el gobierno o el parlamento sobre abusos sexuales por parte del clero, aunque algunos grupos independientes han llevado a cabo sus propias investigaciones.