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La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado un desafío legal al principal organismo de protección al consumidor del país, dictaminando que la financiación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor es constitucional.
La decisión 7-2 del jueves revirtió una decisión de un tribunal inferior que encontraba que el mecanismo de financiación de la CFPB violaba la cláusula de asignaciones de la constitución, que rige el dinero en el Tesoro de Estados Unidos. Si la decisión hubiera sido diferente, habría planteado preguntas existenciales en torno a la agencia.
La mayoría de las agencias federales reciben financiamiento del Congreso de forma anual. Pero la CFPB, que fue creada bajo la Ley Dodd-Frank de 2010, recibe en cambio una suma limitada proporcionada anualmente por la Reserva Federal.
Una decisión en contra de la CFPB podría haber abierto la puerta a posibles desafíos contra otras agencias cuyo sistema de financiación no implica asignaciones anuales, como la Reserva Federal, dijo Aziz Huq, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.
“Si el fallo del tribunal inferior se hubiera mantenido, puedo imaginar un argumento para anular el mecanismo mediante el cual la Reserva Federal recibe su financiamiento”, comentó. “Si la CFPB es anulada, eso tiene repercusiones en un área de política. Si se obstaculiza a la Reserva Federal, eso no solo tiene repercusiones estadounidenses sino globales”.
La opinión de la mayoría de la Corte Suprema fue escrita por Clarence Thomas, uno de los jueces más conservadores del alto tribunal, acompañado por una mezcla de liberales y otros conservadores. Escribió que la ley que determina el esquema de financiación de la CFPB cumplía con los requisitos de la cláusula de asignaciones que autorizaba “gastos de una fuente específica de dinero público para fines designados”.
La opinión destacó su enfoque “textualista” para interpretar la constitución, que busca lo que sus palabras habrían significado para quienes la escribieron. Se destacaron los esquemas de financiación “abiertos” que el Congreso adoptó en los años 1700 para el Servicio Postal y los servicios aduaneros.
En su disidencia, los jueces conservadores Samuel Alito y Neil Gorsuch argumentaron que la opinión de la mayoría mantenía “un esquema estatutario novedoso según el cual la poderosa Oficina de Protección Financiera del Consumidor puede financiar su propia agenda sin ningún control ni supervisión del Congreso”.
Que Thomas escribiera la opinión mayoritaria fue “revelador”, en el sentido de que “fracturó… el flanco ideológico derecho de la corte,” dijo Huq.
El caso se originó en una demanda presentada por asociaciones comerciales que representaban a prestamistas de día de pago, que habían desafiado una regla de la CFPB de 2017 centrada en préstamos al consumidor con tasas de interés elevadas. Argumentaron que el sistema de financiación de la agencia amenazaba la separación de poderes al permitirle determinar indefinidamente su financiación anual sujeta a un “límite ilusorio”.
La CFPB dijo: “Durante años, empresas infractoras de la ley y grupos de presión de Wall Street han estado conspirando para desfinanciar la aplicación esencial de la protección al consumidor. La Corte Suprema ha rechazado su teoría radical que habría devastado los mercados financieros estadounidenses”.
La opinión implica que otras demandas contra reglas de la CFPB “tendrán que ser decididas por sus méritos y no por preguntas sobre la legalidad de la agencia”, dijo Ian Katz, analista de políticas financieras de la firma de investigación Capital Alpha Partners, en una nota.
Los demócratas elogiaron la decisión de la alta corte. El presidente Joe Biden dijo: “Ante años de ataques de republicanos extremos e intereses especiales, la corte dejó claro que la autoridad de financiamiento de la CFPB es constitucional y que su sólido historial de protección al consumidor no será deshecho”.
Los republicanos fueron más críticos. Patrick McHenry, presidente republicano del comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes, instó al Congreso a “corregir los errores de Dodd-Frank que establecieron el peligroso precedente de recurrir al banco central para financiar objetivos políticos partidistas”.