SAN JOSÉ (Reuters) – Expertos en derechos humanos designados por las Naciones Unidas afirmaron en un informe el jueves que el gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones a los derechos humanos que equivalen a “crímenes de lesa humanidad”.
El informe pidió que el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sean “responsables ante la comunidad internacional” por los abusos generalizados.
“Graves violaciones a los derechos humanos de manera sistemática, equiparables a crímenes de lesa humanidad, siguen siendo perpetradas por el Gobierno nicaragüense por motivos políticos,” dijeron los expertos en un comunicado.
El gobierno de Nicaragua no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre los hallazgos del informe.
En el pasado, el gobierno de Ortega ha ignorado informes de la ONU y la Organización de los Estados Americanos, alegando que forman parte de una campaña internacional en su contra.
El grupo designado por la ONU, formado para investigar abusos a los derechos humanos en medio de la crisis política de Nicaragua en 2018, ha encontrado previamente que el gobierno cometió actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias a partir de 2018.
Aunque designado por la ONU, el grupo no habla en nombre de la organización mundial.
“Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de todas las formas de oposición política, ya sea real o percibida, tanto a nivel nacional como en el extranjero,” dijo Jan Simon, presidente del grupo.
Los expertos pidieron una investigación internacional contra Ortega y Murillo después de identificar abusos en todos los niveles de mando del gobierno y la policía.
El grupo no identificó al ejército como involucrado en tales crímenes.
Ortega, Murillo y altos funcionarios del gobierno “deben ser objeto de investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos,” según el documento.
Según el informe, más de 935,000 nicaragüenses huyeron del país desde el inicio de la crisis política de 2018 hasta junio de 2023.
La persecución política es común en Nicaragua y más de 300 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad en 2023, según el informe.
(Reporte de Ismael López; Escrito por Brendan O’Boyle; Edición por Leslie Adler)