El lunes se cumple un año desde que miles de manifestantes de extrema derecha, cubiertos con los colores de la bandera de Brasil, irrumpieron furiosamente en el Congreso, la Corte Suprema y las oficinas presidenciales de Brasil con el objetivo de anular una elección. El sábado se cumplieron tres años desde que, en el país vecino, miles de estadounidenses prácticamente hicieron lo mismo.
Fueron dos ataques impactantes contra las dos democracias más grandes del Hemisferio Occidental, transmitidos en todo el mundo y motivados por presidentes que cuestionaron sus derrotas electorales legítimas. Cada uno planteó una prueba extraordinaria para la democracia del país y la pregunta de cómo una sociedad profundamente polarizada avanzaría después de tal asalto.
Con el tiempo, la respuesta a esa pregunta se está volviendo clara: Los dos ataques paralelos han tenido consecuencias casi opuestas.
En Estados Unidos, el apoyo a la campaña de Donald J. Trump para retomar la Casa Blanca está en alza, ya que él afirma que la verdadera insurrección fue la elección de 2020 y el 6 de enero fue “un día hermoso.” Al mismo tiempo, su homólogo en Brasil, el ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, rápidamente ha caído en la irrelevancia política. Seis meses después de dejar el cargo el año pasado, las autoridades electorales le prohibieron presentarse nuevamente hasta 2030 y muchos líderes de extrema derecha lo han evitado.
¿Por qué ha habido reacciones tan contrastantes a amenazas tan similares? Los investigadores y analistas señalan una multitud de razones, incluidos los diferentes sistemas políticos, paisajes mediáticos, historias nacionales y respuestas judiciales de los países, pero una diferencia especialmente destaca.
Los líderes de la derecha en Brasil “aceptaron públicamente, claramente y sin ambigüedades los resultados de las elecciones y hicieron exactamente lo que se supone que deben hacer los políticos democráticos”, dijo Steven Levitsky, profesor de gobierno en Harvard y coautor del libro “How Democracies Die”, quien estudia las democracias estadounidense y brasileña. “Eso es sorprendentemente diferente de cómo respondieron los republicanos”.
La noche después del asalto del 8 de enero, el presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, marchó brazo a brazo por la plaza central del gobierno federal con gobernadores, líderes del Congreso y jueces tanto de izquierda como de derecha en un gesto de unidad contra el ataque.
En las horas posteriores al asalto del 6 de enero, algunos miembros republicanos del Congreso votaron en contra de certificar la victoria electoral del presidente Biden y, desde entonces, los republicanos han buscado cada vez más reenmarcar la insurrección como un acto patriótico, o incluso un trabajo interno de la izquierda.
Ciro Nogueira, un político de derecha que fue jefe de gabinete saliente de Bolsonaro y ahora es líder de la minoría en el Senado de Brasil, dijo que la reacción en Estados Unidos le sorprendió.
“En nuestro país, hay un consenso, entre la clase política, de condenar estos actos”, dijo. “Creo que es realmente lamentable que una parte de los políticos estadounidenses aplaudan este tipo de protesta”.
Especuló que Brasil rechazó firmemente a los alborotadores porque muchos brasileños tienen edad suficiente para recordar la violenta dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985. “Estados Unidos no ha vivido una dictadura, un período de autoritarismo”, dijo. “Nunca queremos que eso vuelva a nuestro país”.
Los analistas también señalaron la fragmentación política de Brasil, con 20 partidos representados en el Congreso, lo que lleva a los políticos a estar más dispuestos a enfrentarse y expresar una amplia gama de opiniones, mientras que los conservadores estadounidenses están en gran medida confinados al Partido Republicano.
Al mismo tiempo, señalaron que los medios de comunicación convencionales están menos fragmentados en Brasil, lo que, según dicen, ha ayudado a una mayor proporción del público a estar de acuerdo en un conjunto común de hechos.
Pero hay otra razón por la que Brasil ha rechazado tan firmemente el asalto del 8 de enero: un factor que algunos temen que pueda representar su propia amenaza no intencionada para las instituciones de la nación.
La Corte Suprema de Brasil ha ampliado su poder para investigar y procesar a las personas que considera una amenaza para la democracia.
El enfoque ayudó a sofocar las afirmaciones de fraude en torno a las elecciones de Brasil en 2022, ya que un juez de la Corte Suprema en particular, Alexandre de Moraes, ordenó a las empresas tecnológicas que eliminaran publicaciones que difundían tales falsedades. Moraes ha dicho que ha visto la desinformación en línea erosionar la democracia en otros países y está decidido a no permitir que eso suceda en Brasil.
Como resultado, los tribunales brasileños han ordenado recientemente a las empresas tecnológicas que eliminen cuentas a una de las tasas más altas del mundo, según divulgaciones de Google y Meta, que posee Instagram.
Moraes también supervisó la investigación del 8 de enero. (En algunos casos en Brasil, el papel de los jueces de la Corte Suprema puede asemejarse al de fiscales y jueces).
Un año después del asalto de Brasil, se han presentado cargos contra 1.350 personas y 30 personas han sido condenadas, con penas que van desde 3 a 17 años. Después de tres años, se han presentado cargos contra alrededor de 1.240 alborotadores del 6 de enero y 880 han sido condenados o se han declarado culpables. Las sentencias han oscilado entre unos pocos días y 22 años.
La semana pasada, Moraes dio una serie de entrevistas en las que arremetió contra los alborotadores que eran acusados y a los que él ayudaba a juzgar, llamándolos “cobardes” y “personas enfermas” que lo habían amenazado a él y a su familia.
También dijo que las acciones adoptadas por la Corte Suprema, un grupo bipartidista de 11 jueces, eran cruciales.
“Si no hubiera sido por la fuerte reacción de las instituciones, no estaríamos hablando aquí hoy. La Corte Suprema estaría cerrada y yo, según han demostrado las investigaciones, no estaría aquí”, dijo en una entrevista, señalando que algunos alborotadores querían matarlo.
Treinta senadores conservadores en Brasil publicaron una carta el viernes que condenaba los ataques del 8 de enero, pero cuestionaban el creciente poder de la Corte Suprema. Expertos legales de todo Brasil han debatido si los movimientos de la corte están justificados dada la amenaza, o si constituyen su propio problema nuevo.
“Creo que hay problemas con las acciones de la Corte Suprema”, dijo Emilio Peluso, profesor de derecho constitucional en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. “Pero creo que la Corte Suprema tuvo que dar una firme respuesta a lo que sucedió el 8 de enero.”
Moraes también dirigió el tribunal electoral que votó en junio para prohibir a Bolsonaro que se presente en las próximas elecciones presidenciales. Cinco de los siete jueces del tribunal dictaminaron que Bolsonaro abusó de su poder cuando, antes de las elecciones de 2022, atacó los sistemas de votación de Brasil en un discurso transmitido por televisión estatal.
Levitsky, el profesor de Harvard, dijo que el enfoque de Brasil se asemeja a la doctrina de “democracia militante” desarrollada en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial para combatir el fascismo, en la que el gobierno puede prohibir a los políticos considerados una amenaza. Estados Unidos ha preferido dejarlo a los votantes, aunque los tribunales de todo el país ahora están interviniendo en la elegibilidad de Trump, y se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos decida finalmente el asunto.
A medida que el apoyo político de Bolsonaro ha disminuido, y enfrenta una serie de investigaciones criminales, incluida una relacionada con el 8 de enero, ha dejado de proclamar que fue víctima de fraude electoral.
Al mismo tiempo, con el respaldo de sus colegas republicanos, Trump ha intensificado sus mentiras. Durante un mitin de campaña el viernes, calificó a los encarcelados por cargos del 6 de enero como “rehenes” y afirmó falsamente que el movimiento de extrema izquierda antifa y el F.B.I. estaba “liderando el asalto” en el motín. “Vieron a las mismas personas que yo”, dijo a sus seguidores.
Una encuesta el mes pasado mostró que una cuarta parte de los estadounidenses ahora creen que los agentes del F.B.I. “organizaron y alentaron” el ataque del 6 de enero.
Para Levitsky, esa estadística ilustra lo que Estados Unidos puede aprender de Brasil en este caso: “Lo que dicen y hacen los líderes es importante”.